Cosa Juzgada Constitucional en Colombia

Por Juan Carlos Rincón Escalante

Un ensayo para mi clase de Juez e Interpretación. Aquí encontrarán el concepto de cosa juzgada y sus variaciones ((a)cosa juzgada absoluta, (b)relativa ímplicita y explícita, (c)aparente, (d)formal, (e)material cuando es inexequible y cuando es exequible) y ciertos comentarios al respecto.

Variaciones de la cosa juzgada: un esfuerzo por la correción y el dinamismo del sistema.

Hace ya muchos años –y debates- que se planteó la idea de que el juez debe ser la boca muda de la ley. Las concepciones de lo que debería ser el derecho se han enfrentado, mezclado y, en ocasiones, rechazado entre sí por completo.

No es motivo de este ensayo el recordar estos debates sino centrarse en un aspecto especifíco: el lugar del juez, y de las decisiones judiciales, en la creación de un sistema con seguridad jurídica a través de la cosa juzgada constitucional.

La coherencia y la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados por la Corte Constitucional. (…) [hay] una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. (…) los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela.[1]

Si bien el párrafo anterior se refiere sólo a los derechos fundamentales, nos dice mucho del papel de la Corte Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, son los guardianes “de la integridad y supremacía de la Constitución[2], y esto se extiende al control abstracto de las normas. Es la Corte quién decide si una norma pertenece o no a nuestro regimen constitucional.

Es en el contexto de este control abstracto donde el artículo 243 de nuestra carta dice que “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.”

En este ensayo voy a demostrar que el desarrollo jurisprudencial de la cosa juzgada, si bien puede generar temores acerca de un posible activismo judicial y una extralimitación de funciones, ha sido valioso para garantizar un ordenamiento jurídico dinámico pero que no deja atrás la seguridad jurídica.

Para probar lo anterior voy a (1)enunciar un concepto general de cosa juzgada, y a partir de ahí exponer la (a)cosa juzgada absoluta, (b)relativa ímplicita y explícita, (c)aparente, (d)formal, (e)material cuando es inexequible y cuando es exequible, después, (2)expondré los temores que este desarrollo puede ocasionar para finalizar (3)desmintiéndolos y explicando la importancia de lo que ha hecho la Corte.

Cosa Juzgada

La cosa juzgada, en general, es una institución jurídica que busca garantizar la seguridad jurídica al otorgar a “las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.”[3]

Lo que se busca es que, una vez resuelto un caso, la decisión tomada sea concluyente y sea aplicable a todos los supuestos de hecho iguales. De esta manera se garantiza un trato igualitario a todos los ciudadanos quienes pueden tener la certeza jurídica de que, en la misma situación, recibirán la misma sentencia.

Para que haya cosa juzgada se debe tener (a) “Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada”; (b) “Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo transito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento”; (c) “Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.”[4]

Esta figura, al hablar de control abstracto de constitucionalidad, es de vital importancia, pues garantiza que la decisión de un juez sobre retirar o mantener una norma en el ordenamiento sea definitiva. Ridiculizando un poco el argumento, si no existiese la cosa juzgada constitucional, los jueces podrían cambiar de opinión constantemente acerca de la exequibilidad de una norma y no podríamos tener estabilidad jurídica[5], ¿cómo sabríamos cuál regla está y cuál no?.

Bajo este entendido, la Corte ha dicho que, dependiendo del estudio realizado a una norma, existen varias connotaciones.

Hay cosa juzgada absoluta cuando la Corte no ha restringido el alcance de su decisión, situación que impide toda posibilidad de formular y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad sobre el mismo asunto.”[6] Es decir, la decisión sobra la norma acusada es concluyente y, por consiguiente, la norma no debe ser estudiada por las mismas razones.

Es posible, sin embargo, que la Corte declare cosa juzgada relativa cuando (a)sólo se refiera al procedimiento formal de una norma (lo que deja abierta la posibilidad de que sea estudiada materialmente) y (b)cuando el estudio de la norma sólo ha sido con respecto a “determinados preceptos de la Carta Política”[7].

Este último caso puede ser evidenciado de manera explícita por la Corte (cuando en la resolución se indica que la norma estudiada es exequible en relación a los preceptos estudiados pero que puede ser reexaminada en el futuro en relación a otros preceptos), o de manera ímplicita (cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación”)[8].

Puede suceder que en la resolución se declare constitucional una norma pero esta decisión no haya sido argumentada en el cuerpo de la providencia, esto hace que se declare una cosa juzgada aparente y la decisión sobre esa norma pierda fuerza jurídica. Es decir que en este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa juzgada y se permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente declarada exequible(…)”[9].

La constante producción legislativa llevó a que se hiciera una distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material.

La formal se refiere a la misma norma (por ejemplo, art. A de la ley 45 de 1998) que ha sido demandada dos veces. En esta situación, ya “existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio”[10], y por consiguiente, se debe descartar la demanda (a menos que caiga en las situaciones anteriormente expuestas).

La cosa juzgada material se presenta cuando el legislador expide una nueva norma que tiene el mismo contenido material de la antigua norma. En sentido formal, es una norma distinta, pero de fondo es lo mismo.

Aquí surgen dos situaciones que dependen de la decisión del juez en la primera norma (formalmente hablando).

Si la primera norma fue declarada inexequible, la nueva norma es ilegal y debe ser retirada del ordenamiento pues “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”[11]

Si, por el contrario, la primera norma fue declarada exequible, la Corte acepta que “de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa”, esto fundamentado en que la realidad puede haber cambiado el contexto de aplicación de la norma y la Corte debe garantizar el dinamismos del ordenamiento[12].

Temores constitucionales

Aquellos que defienden la necesidad de un ordenamiento jurídico estático, ven en la cosa juzgada un elemento poderoso para defenderse de la arbitrariedad y de una posible violación a la seguridad jurídica.

La cosa juzgada absoluta le trae tranquilidad a los que tienen esta línea de pensamiento pues es el seguro que tienen para evitar que los jueces fallen de diferentes maneras. Si todas las decisiones son iguales es mucho más fácil predicar la igualdad, e incluso, permitiría acercarse al sueño exégeta de un silogismo jurídico infalible.

Por esto es entendible que las multiples variaciones y limitaciones a la cosa juzgada se vean como un intento de los jueces por tener más poder en sus hombros y abrir las puertas a la arbitrariedad.

La cosa juzgada relativa, por ejemplo, implica que eventualmente la misma norma podrá ser revisada en comparación a otros preceptos constitucionales. Esto podría terminar en la declaratoria de inexequibilidad de una norma que anteriormente había sido dejada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¡¿Cómo –exclaramarían los detractores- vamos a tener seguridad jurídica si la Corte tiene la opción de cambiar de opinión?!

Situación similar podría causar el concepto de la cosa juzgada material. La Corte ha dicho que a “la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad”[13], analizados por ella misma, puede ser necesario cambiar su opinión de fondo al estudiar una norma formalmente distinta (pero de igual contenido).

El estudio de temas subjetivos, como la ideología y la cultura de una comunidad, puede resultar escándaloso para algunos y prueba concluyente de que la Corte, si se le antoja, puede fallar fuera del Derecho y de manera arbitraria.

¿Cómo aseguramos que estos factores son objetivos y adecuados? ¿cómo sabemos que los prejuicios del juez no entran en su decisión? ¿cómo garantizamos que el cambio de opinión no está motivado por fines políticos? ¿cómo evitamos que el juez haga activismo gracias a su poder?

Sería mucho más fácil predicar la seguridad jurídica en un sistema donde los jueces no tuviesen chance de cambiar su opinión, donde figuras como la cosa juzgada relativa, la aparente (que implica quitarle el poder a una decisión que se tenía por absoluta) y la material no tuviesen cabida. Por eso la Corte y su desarrollo jurisprudencial asustan tanto a estas personas.

Los temores, si bien son validos dentro de una concepción del Derecho que propone al juez como la boca muda de la ley, se alejan de lo que ha dispuesto nuestra constitución y de como el ordenamiento se encuentra estructurado actualmente.

Argumentación, dinamismo y poder del juez

Estemos de acuerdo con la concepción del juez constitucional que plantea Ciro Angarita en la cita del principio de este ensayo, o con visiones un poco más limitadas como las desarrolladas en la época Cifuentes, hay un punto que no se puede negar: nuestra Carta le otorgó un poder y un protagonismo a la Corte Constitucional muy grande.

La función de guardián de nuestra Constitución trae consigo unas implicaciones importantes. Es la Corte la interprete de nuestra Carta, es ella la encargada de protegerla y de expulsar de nuestro ordenamiento toda norma que atente contra nuestros preceptos constitucionales.

La sola posición de interprete le otorga un grado de discrecionalidad alto. Atrás quedaron los días de ser la boca muda de la ley, pues es ingenuo pensar que en la interpretación no se abre el espacio para mucha influencia del juez.

No creo, como dijo un constitucionalista, que entre lo que dice la Corte y la Constitución no pasa ni una hoja de papel. Y cualquier crítica encaminada a recriminar esta situación es injusta: no podemos seguir con la idea ingenua de que los jueces pueden ser completamente imparciales y erradicar de su cabeza todo tipo de prejuicios.

Lo que sí creo es en el poder de la argumentación y del marco interpretativo que nuestra propia carta nos impone.

El control abstracto de constitucionalidad, inter alia, está encaminado a la correción del sistema, al crear un ordenamiento jurídico coherente y que esté acorde a los fines que el constituyente primario planteó.

Las diferentes variaciones de la cosa juzgada reconocen varios aspectos que están íntimamente ligados a esa búsqueda de la correción: (1)existen errores humanos (como en el caso de la cosa juzgada aparente donde no se justifica una decisión), (2)siempre se pueden pasar por alto o no tener en cuenta argumentos (como en la cosa juzgada relativa donde se permite volver a estudiar una norma con otra luz argumentativa) y (3)la sociedad cambia constantemente y el Derecho que la regula no se puede quedar atrás (como se demuestra en el estudio del contexto en situaciones de cosa juzgada material).

¿Qué tal si una norma fue declarada exequible sin haber sido estudiada? ¿qué tal si una norma es inconstitucional por motivos que la Corte no ha considerado? ¿qué tal si ha sucedido un cambio social importante y la decisión pasada no lo contemplaba? ¿debemos dejar al sistema en un error? ¿no genera eso más inseguridad jurídica?

El desarrollo de la Corte va encaminada a proteger nuestra Carta y a enmendar posibles errores o descuidos humanos. En la práctica, para cambiar una decisión, la Corte siempre ha dado una labor argumentativa muy fuerte, y esta labor se encuentra fundamentada por el marco interpretativo que nuestra Constitución nos ha impuesto (valores, principios, objetivos).

No podemos condenar nuestro ordenamiento al estatismo, y tampoco podemos permitir que el temor a una arbitrariedad inexistente nos aleje de corregir errores y de encontrar nuevos argumentos para depurar nuestro sistema.

La Corte se ha encargado de que nuestra Constitución tenga vida, dinamismo, y siempre lo ha hecho con el poder de la argumentación y respetando lo que nuestra Carta ha impuesto. No podemos seguir con temores de hace siglos.


[1] Sentencia T-406/92 M.P. Ciro Angarita Barón

[2] Art. 241. C.P.

[3] Sentencia C-774/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil

[4] Ibídem.

[5]la cosa juzgada constitucional, además de salvaguardar la supremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, pues, por su intermedio, se obliga al organismo de control constitucional a ser consistente con las decisiones que adopta previamente, impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo juez en oportunidad diferente y de manera distinta.” Sentencia C-310/2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil como lo cita Sentencia C-492/00. M.P. Clara Inés Vargas

[6] Sentencia C-492/00. M.P. Clara Inés Vargas

[7] Ibídem.

[8] Sentencia C-774/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil

[9] Ibídem.

[10] Sentencia C-492/00. M.P. Clara Inés Vargas

[11] Art. 243. C.P.

[12] Sentencia C-774/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil

[13] Ibídem.

Anuncios

2 comentarios el “Cosa Juzgada Constitucional en Colombia

¿Qué piensas?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: